El Protocolo de Kioto, que entró en vigor el 16 de febrero de 2005, contempla la posibilidad de utilizar tres instrumentos, conocidos como mecanismos de flexibilidad, para reducir las emisiones netas de los gases de efecto invernadero: el Comercio de Emisiones y el mecanismo de Aplicación Conjunta, que no se encuentran todavía totalmente operativos, y el Mecanismo de Desarrollo Limpio(MDL), que sí lo está.

Este último mecanismo permite a los gobiernos y empresas obtener unas Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) de gases de efecto invernadero que se pueden vender en el sistema internacional de comercio de derechos de emisión. Como es lógico, eso puede brindar buenas oportunidades de negocio a todas aquellas empresas que se dedican a las energías limpias y al cuidado y protección del medio ambiente.

Así, el MDL permite:

• por un lado, facilitar a los países desarrollados y a las economías en transición el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones,
• por otro, apoyar el crecimiento sostenible en los países en desarrollo a través de la transferencia de tecnologías limpias.

No es difícil ver que todo este proceso supone un aumento de la demanda mundial en un número muy amplio de sectores: procesos industriales, generación eléctrica, energías renovables, biomasa, silvicultura, eficiencia energética, edificación, transporte, gestión de residuos, industria, agua, etc.

El compromiso adquirido por el Gobierno español de conseguir en 2012 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma que supongan como mucho un 15% más respecto a las del año base, 1990, está lejos de cumplirse. El año pasado, las emisiones españolas superaron las de 1990 en un 45%, lo que se traduce en un 30% de déficit de reducción.

Para eliminar ese 30% de déficit, el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2005-2007 del Ministerio de Medio Ambiente prevé, por una parte, disminuir las emisiones que se producen en el territorio nacional por medio de reducciones directas en España; por otra, adquirir RCE obtenidas gracias a los MDL.

Estas compras suponen nada menos que 100 millones de toneladas métricas de CO₂ equivalente. De éstas, 60 millones serán adquiridas por el Ministerio de Economía y Hacienda a través de los fondos del carbono en los mercados internacionales. Los 40 millones de toneladas restantes tendrán que ser adquiridos por el sector privado. Y aquí entra en juego su empresa.

¿Qué es un fondo del carbono?
Un fondo de carbono se constituye en entidades financieras multilaterales a partir de las aportaciones económicas de un conjunto de inversores interesados en obtener Reducciones Certificadas de Emisión (RCE).

El gestor del fondo se encarga de identificar aquellos proyectos en países en desarrollo que reúnan los requisitos establecidos en el Protocolo de Kioto: instalaciones de energías renovables, mejoras de la eficiencia energética en procesos industriales, aprovechamiento energético de las sustancias gaseosas generadas en los vertederos, plantaciones forestales que absorban CO₂ de la atmósfera, etc.

Los proyectos seleccionados reciben el compromiso por parte del fondo del carbono de la compra de los RCE a los que éstos den lugar una vez puestos en marcha. De esta forma se incentiva la ejecución de proyectos limpios.

Negocio limpio
Coincidiendo con la celebración en Madrid de la conferencia anual de la International Emissions Trading Association (IETA) y la reunión internacional de Autoridades Nacionales Designadas, que tuvo lugar el día 18 de octubre, la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, a través del ICEX, en colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático, organizó el día anterior, 17 de octubre, la jornada Retos y Oportunidades del Protocolo de Kioto: Encuentro con Autoridades Nacionales Designadas.

En la sucinta introducción que abrió la jornada, enmarcada dentro del Plan de Internacionalización de Sectores de Alto Contenido Tecnológico, Ángel Martín Acebes, vicepresidente ejecutivo del ICEX, hizo hincapié en que “el MDL genera oportunidades de negocio en todos los sectores implicados en el proceso, pero para ello hay que conocer los procedimientos que cada país impone”.

A continuación tomó la palabra Teresa Ribera Rodríguez, directora de la Oficina Española de Cambio Climático: “Prueba del impulso del Gobierno español al Protocolo de Kioto es que la norma regulatoria española entró en vigor antes que la norma de la UE. Se pretende”, continuó, “dar un impulso a las relaciones bilaterales y multilaterales con los países destinatarios de las inversiones”.

En su alocución, Pedro Moriyón Díez-Canedo, director general de Promoción del ICEX, explicó el fundamento de los MDL.

Ramón Guzmán Zapater, director general de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda, desentrañó las diferencias de funcionamiento entre los diversos fondos del carbono que España tiene o está a punto de poner en marcha.

Óscar Vía Ozalla, director general de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tras asegurar que “un acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente español y la contraparte del país tercero facilita enormemente a las empresas españolas todo el proceso a la hora de presentar un proyecto, y ya hemos firmado con 15 países”, centró su intervención en hablar de los instrumentos financieros con los que una empresa española cuenta para acceder a proyectos adscritos a los mecanismos de flexibilidad.

Ronda de deseos
En la segunda parte de la jornada, las Autoridades Nacionales Designadas de 10 países latinoamericanos invitados explicaron el procedimiento a seguir en cada uno de ellos para que un proyecto en su territorio pueda adscribirse a los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y los sectores donde más necesitados están de inversión.

En el marco de la jornada, las empresas interesadas pudieron mantener una entrevista personal con el representante del país de su interés.

El último en intervenir fue Jorge Barrigh, senior executive de la Vicepresidencia de Desarrollo Social y Ambiental de la Corporación Andina de Fomento (CAF), institución internacional con sede en Caracas, que se ha convertido en la principal fuente de financiación externa de la región: 3.503 millones de dólares en créditos aprobados en 2004.

España tiene firmados hasta la fecha acuerdos bilaterales de cooperación con 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Marruecos, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, todos ellos invitados a la reunión internacional del día 18 que se desarrolló en el Palacio de Congresos de Madrid, organizada junto con la presidencia británica de la UE y celebrada por primera vez.