Según el Tratado de la Unión Europea, cualquier estado que solicite la adhesión, además de cumplir unas condiciones generales básicas, deberá contar, para su plena incorporación, con una economía de mercado eficiente y competitiva, así como con un marco legal y administrativo adecuado en los sectores público y privado.

Desde que presentó su solicitud formal de adhesión a la UE en el año 1995, Rumania ha venido realizando múltiples esfuerzos para dotar de mayor eficacia al poder legislativo y también al funcionamiento general de la administración. Las perspectivas permiten deducir que Rumania podrá ser miembro de pleno derecho antes del año 2010.

El monto total de financiación otorgada por la Comunidad Europea a Rumania ha ascendido en el año 2001 a 260 millones de euros para el programa Phare, 150 millones de euros en el programa SAPARD , y entre 208 millones de euros y 270 millones de euros para el programa ISPA.

En virtud de la Decisión nº 3/2001 del Consejo de asociación UE-Rumania, se aprobaron las condiciones y modalidades de la participación de Rumania en el Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE) con el objetivo de contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política comunitaria de medio ambiente y de la legislación medioambiental.

Aunque en la mayoría de los casos Rumania está implementando los acuerdos europeos correctamente, se dan problemas específicos que se traducen en barreras al establecimiento de firmas europeas en el país así como la introducción de restricciones a la exportación de determinadas materias primas según ha reseñado la Comisión Europea en su informe sobre los progresos de la adhesión de Rumania de fecha 13 de noviembre de 2001.

>> Sistema judicial
En lo que se refiere al sistema judicial, Rumania ha realizado considerables avances mediante la agilización de los procedimientos judiciales y la ejecución de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales.

Uno de los problemas más preocupantes es la corrupción de la administración rumana. El informe regular de la Comisión Europea del año 2000 observó que la corrupción era un problema extenso y sistemático que mina el sistema legislativo, la economía y la confianza pública en el Gobierno. Desde entonces, y a pesar de un reconocimiento general de la seriedad de este problema por el Gobierno rumano, no se han reducido sensiblemente los niveles de corrupción.

El pasado 21 de junio de 2002, el Consejo de Inversores Extranjeros de Rumania, organización que representa los intereses de más de 90 entidades afincadas en este país, criticó la corrupción, la burocracia y la legislación inconsistente de este país como los principales obstáculos para los inversores extranjeros.