>>Derecho societario
La única legislación en vigor que contempla incentivos para las inversiones en Rumania es la Ley sobre promoción de inversiones directas con impacto económico importante (Ley 332/2001), aprobada en julio de 2001. Esta norma concede incentivos fiscales a las inversiones de más de 1 millón de dólares estadounidenses y equipara a los inversores extranjeros con los inversores locales.

La ley rumana no impone legalmente restricciones a la propiedad extranjera ni límites a su participación en joint ventures.

Con el fin de implantar un clima de inversión que facilite el establecimiento de firmas foráneas, en enero de 2001 se constituyó el Departamento de Enlace con los Inversores Extranjeros (DRIS).

La privatización de las empresas estatales es otro de los retos del Gobierno rumano. Desde el año 1992 se han aprobado y finalizado alrededor de 5.500 privatizaciones de empresas públicas. No pueden ser objeto de nacionalización o expropiación salvo interés público y con la correspondiente compensación económica.

Antes del año 1990, la mayoría de las propiedades existentes en el país eran titularidad del Estado a través de sociedades estatales. A partir de 1991, la propiedad encuentra su regulación en la Constitución Rumana y en la Ley de propiedades (Ley 18/1991). Los derechos sobre la tierra que anteriormente pertenecían a la comunidad han sido transferidos a titulares privados, sociedades estatales aún no privatizadas y agricultores.

Los inversores extranjeros desarrollan su actividad a través de:

• sociedades de responsabilidad limitada (de uno a cincuenta accionistas),
  
• sociedades anónimas (con un mínimo de cinco accionistas) y
  
• las sucursales.
  

La forma societaria más utilizada para iniciar actividades mercantiles en el país es la apertura de oficinas de representación gracias a la reducción de costes de implantación y la facilidad que supone la búsqueda de socios para desarrollar el negocio y buscar vías de financiación.

>> Salarios y Seguridad Social
Los salarios son bajos en comparación con los del resto de los países del Este de Europa.

El sistema público de la Seguridad Social fue revisado en abril de 2001. Los porcentajes de contribución son muy altos y no se equiparan a los del resto de países europeos.

La Comisión Europea ha criticado la ausencia de progresos en el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales y derechos de los ciudadanos. Existen en este sentido discriminaciones a los ciudadanos comunitarios en el campo de la educación.

La libertad de circulación de trabajadores comunitarios no ha sido desarrollada y continúa requiriéndose el preceptivo permiso de trabajo y la correspondiente solicitud de visado. Sólo se han suscrito acuerdos bilaterales para garantizar la libre circulación de trabajadores con Portugal y Luxemburgo en julio de 2001.

Las compañías que desarrollen actividades en Rumania están sometidas al impuesto de sociedades. El tipo general del impuesto asciende a un 25% de los beneficios obtenidos. Los beneficios derivados de la exportación de productos están sometidos a un tipo de gravamen del 5%. Las denominadas mircroempresas están gravadas por un 1,5% sobre los ingresos percibidos.

Las oficinas de representación están sometidas a un tipo fijo del 38%.

Los dividendos abonados por las compañías rumanas se encuentran gravados en un 15% (5% para personas individuales).

Para empresas con inversiones superiores al millón de dólares se aprobaron una serie de incentivos fiscales en julio de 2001.

A partir del mes de enero de 2001, las empresas que reinviertan los beneficios obtenidos en bienes necesarios para la actividad mercantil se aplican una reducción del 50% sobre los beneficios objeto de impuesto.

España tiene firmado con Rumania un Convenio de Doble Imposición en materia de renta y patrimonio en vigor desde 1980, así como un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en vigor desde 1995.

En lo que se refiere a la propiedad intelectual e industrial, Rumania forma parte de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y es país signatario del Tratado PCT de cooperación en materia de patentes. Asimismo, ha ratificado el Tratado de Génova regulador del Copyright y el Tratado de Génova de reproducción y fonogramas.

La Oficina Estatal Rumana para las Invenciones y Marcas es el organismo gubernamental responsable del registro y protección de patentes, marcas y modelos industriales. El registro de las marcas es válido durante diez años.