|
>>
Europa como ambición
 Me
resulta especialmente grato participar en este número especial
de la revista El Exportador que conmemora la creación del
ICEX. Lo haré con unas reflexiones personales sobre España
y Europa. Pretendo simplemente recopilar cómo percibí
este período. Ni los miradores desde los que contemplé
fueron siempre los mismos ni mi visión es global por lo
que mi interpretación será parcial y en algunos
casos incompleta.
A finales
del año 1975, en el momento de la muerte de Franco, nuestras
relaciones con Europa se basaban en el Acuerdo de 1970. Al mismo
se llegó tras un largo período de espera. La naturaleza
del régimen franquista solo permitió la conclusión
de un acuerdo comercial de contenido limitado. Incluía,
básicamente, ventajas arancelarias para nuestros productos
industriales y concesiones menores en el sector agrario.
Tras la instauración
de la monarquía, el Acuerdo comercial no respondía
a nuestras ambiciones. España ya no estaba interesada en
un acuerdo meramente comercial, sino que aspiraba a la adhesión.
Sin embargo, la Comunidad fue poco sensible a nuestra petición.
Los argumentos de fondo no se exponían de forma explícita.
Con independencia de los problemas técnicos, la satisfacción
de nuestros deseos seguía condicionada a que en España
se culminara el cambio político.
Sólo
con la aprobación de la Constitución, en 1978, desaparecerán
los obstáculos políticos para nuestra integración
y sólo tras el cambio de gobierno en las elecciones de
1982, Europa obtuvo la prueba de la culminación del cambio
democrático. La adhesión a la Comunidad se convirtió
en la prioridad absoluta. Pero restaba una serie de complicadas
negociaciones técnicas sobre los recursos financieros para
la continuidad de la PAC y decisiones políticas clave en
materia de defensa, antes de que los escollos básicos para
la finalización de la negociación fueran superados.
Sólo
a principios de 1985 se dieron las condiciones para una negociación
rápida que permitiese que la ampliación tuviera
lugar el 1 de enero de 1986. En ese momento ya se sabía
que la integración agrícola española no se
produciría por fases, que existirían productos sensibles
de una y otra parte con períodos de transición más
largos y que la aproximación de algunos de nuestros precios
agrarios sería más lenta para hacer más asequible
su coste financiero. Se había pactado ya el período
transitorio en la industria, el tratamiento a la siderurgia, la
armonización fiscal y la aplicación del IVA desde
la adhesión.
El Acuerdo,
como todo el mundo conoce, se firmó en junio de 1985. Del
mismo se criticaron algunos aspectos, olvidando lo fundamental:
su contenido sólo regulaba los períodos transitorios
y lo esencial era entrar.
>>
Europa como realidad
Desde el primero de enero de 1986 España vio cumplido su
sueño de ser miembro de la Comunidad Europea, en un momento
en el que ya empezaba a cambiar su naturaleza. Entre 1986 y 1996
se produce el mayor cambio histórico de la integración
europea. Cambió el contenido material de la Unión
y su ámbito geográfico y se inició la transformación
que era consecuencia del fin de la división de Europa.
El nuevo reto
era avanzar desde el mercado común al mercado único.
Firmado el Tratado de Adhesión, nuestro país se
incorporó a la conferencia intergubernamental (CIG) que,
lanzada por la Cumbre de Milán, negociaba lo que sería
el Acta Única. España definió ya entonces
algunas líneas que serían una constante de nuestra
política europea durante esta década: apoyamos las
reformas institucionales que reforzaban el proceso de integración,
la puesta en marcha de un sistema aún embrionario de cooperación
política, la introducción de una verdadera política
de cohesión, mayores actuaciones en política social
y la introducción progresiva de una unión monetaria,
basada todavía en la idea de una moneda común.
Desde el momento
inicial y sobre la base de una declaración aneja al Tratado
de Adhesión, España intentó poner en marcha
una política de cooperación con América Latina.
Se creó una Dirección de América Latina en
la Comisión y se atribuyó a esta política
una línea presupuestaria propia.
En el primer
semestre de 1989 le correspondió a España ejercer,
por primera vez, la presidencia de la Comunidad. En la Cumbre
de Madrid los objetivos conseguidos fueron apreciables: se avanzó
en la libre circulación de personas sobre la base del documento
denominado de Palma de Mallorca, se aprobó, sin la participación
del Reino Unido, una carta comunitaria de derechos sociales fundamentales,
se impulsó el proceso de paz en Oriente Medio y las relaciones
con América Latina y se acordó, con el voto a favor
de la señora Thatcher, lanzar el proceso para establecer
una unión económica y monetaria tomando como base
el informe del Comité Delors. No es de extrañar
que en ese momento de clara apuesta por Europa el Gobierno tomara
la decisión de incorporar la peseta al Sistema Monetario
Europeo (SME).
La primera
presidencia española puede decirse que fue la última
normal de la antigua Comunidad. El proceso de desintegración
de la Europa del Este culminó con la caída del muro
de Berlín en noviembre de 1989. La presidencia que nos
sucedió, la francesa, ya se vió afectada por este
importante hecho. A partir de ese momento, nada será igual
en Europa.
La primera
iniciativa para hacer frente al nuevo reto correspondió
al presidente del Gobierno español, Felipe Gónzalez,
quien solicitó del Presidente Mitterrand convocar un Consejo
Europeo Extraordinario para tomar posición ante el cambio
histórico que se acababa de producir. El Consejo de París
apoyó la reunificación y remitió los detalles
a la Cumbre de Estrasburgo convocada para algunas semanas más
tarde. La actuación española fue la correcta. Retrasar
el proceso no hubiera llevado a resultados distintos, hubiera
hecho más difícil la reunificación y puesto
en riesgo la propia integración europea.
El año
1990 se recordará en la historia de la Comunidad por el
lanzamiento, en Roma, del proceso de negociación del Tratado
de Maastricht, mediante dos CIG que avanzarían en paralelo.
La primera dedicada a los asuntos de carácter no económico,
la segunda centrada exclusivamente en la UEM. Nuestro país,
además, seguía con sus esfuerzos para cumplir con
nuestros compromisos de mayor integración. En 1991, en
el mes de junio, nos adherimos al acuerdo de Schengen, mostrando
con ello nuestra voluntad de apostar a favor de una Europa con
libre circulación de personas.
El Tratado
de Maastricht constituye un paso decisivo en el proceso de integración
europea. España fue favorable a la constitución
de una Unión Europea que sustituyera a la Comunidad, a
un mayor desarrollo de la cooperación política,
consecuencia lógica del proceso de democratización
del Este europeo, y a la incorporación de un tercer pilar,
con los asuntos de justicia e interior de acuerdo con nuestra
vieja demanda de creación de un espacio judicial y policial
común que permitiese, entre otros temas, una eficaz lucha
contra el terrorismo. Pero nuestras aportaciones fundamentales
se centraron en la introducción de la idea de la ciudadanía
comunitaria, culminando el esfuerzo que se venía realizando
desde 1989 para generar el sentimiento de pertenencia más
visible a una Europa común, la inclusión de un defensor
del pueblo y la consolidación de la política de
cohesión ya recogida en el Acta Única.
En Maastricht
se pactó un modelo de integración comunitaria más
complejo y ambicioso que el incluido en el Tratado de Roma, pero
no se debatió sobre las reformas institucionales necesarias
para una ampliación que ya se estaba negociando y otras
que ya se pergeñaban en el futuro.
En mi opinión,
el elemento clave de la Cumbre de Madrid, que tuvo lugar durante
la segunda presidencia española, fue la decisión
del paso a la tercera fase de la Unión Monetaria. Los resultados
respondieron a las expectativas: se decidió, entre otros
temas, el nombre de la nueva moneda, las fases necesarias y su
contenido para llegar a la misma el 1 de enero de 1999, la relación
de cambio entre el ecu y el euro y el principio de un pacto de
estabilidad.
El debate
institucional se llevaría a cabo en los meses siguientes
y culminaría, en una primera etapa, en la Cumbre de Amsterdam
en junio de 1997. Para España el debate fundamental giraba
en torno a la reforma institucional (generalizar la utilización
de la mayoría cualificada, ponderación de votos
en el Consejo y número de Comisarios) y preocupaban las
cooperaciones reforzadas, es decir que un grupo de países
pudiera avanzar más en la integración.
Amsterdam
resultó un Tratado poco satisfactorio. Algunos países
(Bélgica, Italia, Francia) pero también el Parlamento
y la Comisión consideraron lo pactado insuficiente. Había
que intentar una reforma más ambiciosa, ir más lejos
que los denominados left-overs o asuntos pendientes de Amsterdam
(las mayorías cualificadas, la composición de la
Comisión y la reponderación de votos en el Consejo).
Entre los
dos momentos de la negociación institucional, Amsterdam
y Niza, se produce un claro deterioro en las relaciones entre
la Comisión y el Parlamento. El momento crítico
se alcanzó, a principios de 1999, cuando la Comisión
Santer tuvo que dimitir. La traslación al Parlamento Europeo
de las confrontaciones políticas nacionales explican parte
de lo sucedido. Por otra parte, la Comisión no contó
con un apoyo adecuado de los estados miembros. Recomponer la relación
entre Comisión y Consejo no es tarea fácil y en
todo caso ha supuesto un debilitamiento del modelo comunitario.
La nueva CIG
se negocia ya con la Comisión Prodi y se lleva a cabo fundamentalmente
durante la presidencia francesa, en el segundo semestre del año
2000, culminando con el denominado Tratado de Niza. Como era inevitable
el mismo avanza más en los "asuntos pendientes de
Amsterdam", pero no resuelve esos tres puntos de forma definitiva.
De acuerdo
con las conclusiones, España, en el ámbito institucional
mejora la posición relativa en cuanto a votos en el Consejo
sin llegar a conseguir el estatus de los grandes países.
Perdemos, en cambio, un comisario, como todos los países
que tenían dos, y reducimos el número de representantes
en el Parlamento Europeo. Pese a nuestras reticencias iniciales,
aceptamos las cooperaciones reforzadas, lo que resulta coherente
con una Unión mucho más numerosa, y se ha mostrado
flexibilidad en el paso de unanimidad a mayoría cualificada
en temas hasta ahora relevantes para nosotros -fondos de cohesión-
pero con menor interés en el futuro.
La gran crítica
que se puede hacer a Niza, semejante a la que se hizo a Amsterdam,
es que se ha hablado mucho del poder relativo de los países
y poco del proceso de construcción europea. Planea, además,
la duda de si los resultados obtenidos, aceptables en el límite
por los estados miembros, serán suficientes para resolver
los problemas suscitados por la ampliación.
España
siempre mantuvo una posición favorable a la ampliación
aunque con cierta preocupación por la incoherencia de algunas
decisiones. Consideró que era difícil llevar a cabo
la operación sin coste financiero adicional y que era imprescindible
buscar una solución al modelo institucional para evitar
que el aumento del número de pequeños países
modifique el actual equilibrio institucional.
>>
Conclusiones
A lo largo de estos años nuestro país ha tenido
que hacer frente a tres retos de dimensión desigual: el
primero, negociar y adaptar nuestro sistema normativo y económico
al comunitario; segundo, ya miembros de la Comunidad, participar
en los avances del proceso integrador (mercado único, moneda
única, nuevo modelo de la Unión) y en tercer lugar,
participar en la búsqueda de soluciones para los nuevos
retos que se plantean como consecuencia, por una parte, del proceso
de globalización, y, por otra, de los cambios políticos
que tienen lugar en Europa.
Es difícil
hacer un pronóstico sobre la evolución de la Unión
Europea en los próximos años, pero indiscutiblemente
será muy diferente de la actual. El número de sus
miembros, pero también sus intereses y pautas de comportamiento,
condicionarán el diseño futuro.
Nada nos permite
predecir que el papel de España deba ser inferior, tampoco
lo contrario. Frente a las voces de alerta que escucho sobre la
ampliación, mi respuesta es bien sencilla: el contexto
será diferente y será necesario adaptarse a él,
transformando retos en oportunidades, políticas y económicas.
La pertenencia
de España como socio de pleno derecho desde 1986, del proyecto
europeo nos ha permitido jugar un papel destacado, superior en
ocasiones a los meros fundamentos estadísticos de nuestro
peso específico. Pero esa posición, estuvo siempre
anclada en dos condiciones: nuestra capacidad para presentar propuestas
creativas de cara a la resolución de los problemas y a
la definición del modelo europeo; y nuestro apoyo básico
al procedimiento comunitario como eje del funcionamiento de la
Unión en función de nuestros propios intereses como
país.
Al actual
y a los sucesivos gobiernos de España, les corresponde
la noble y difícil tarea de mantener y, si es posible,
mejorar la posición de España en el seno de la Unión.
En todo caso estoy convencido de que las soluciones a nuestros
problemas, nacionales y europeos, pasan por más Europa
y no por una marcha atrás respecto a lo ya conseguido.
Nuestra opción deberá ser española al tiempo
que europea.
PEDRO SOLBES
MIRA
MIEMBRO DE LA COMISIÓN EUROPEA, RESPONSABLE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MONETARIOS
|
