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A principios de los noventa, con el apoyo financiero y la asistencia
del Banco
Mundial, la Administración búlgara elaboró el primer estudio
estratégico medioambiental del país. Sobre las bases de la estructuración
de un modelo estable de gestión del medio ambiente y la implementación
de actividades para la resolución de los principales problemas
medioambientales, se llegó a desarrollar un elenco normativo e
institucional que derivó en la actual Estrategia
Nacional para el Medio Ambiente y el Plan de Acción 2000-2006
(NSE) que, al mismo tiempo, recoge el desarrollo y la implementación
regional y local de políticas medioambientales de protección,
que incrementen de forma gradual el alcance de las actuaciones
planteadas a escala nacional.

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El futuro es verde
Durante
estos años los objetivos planteados se han conseguido
con creces, gracias sobre todo al apoyo de la Unión Europea y
otros organismos internacionales.
En
noviembre de 1997 se adoptó la Estrategia para la Gestión
Integrada del Agua, cuya principal aportación ha sido la
elaboración de la Ley
de Aguas de 1999.
En septiembre de 1998 el Gobierno adoptó la Estrategia
para el Desarrollo del Sector Energético con el fin de
incrementar la eficiencia energética y el uso de fuentes
de energía renovables. El resultado es la aprobación
de la Ley de Producción Energética y la Ley de Eficiencia
Energética.
Por último, en lo referente a la gestión de residuos,
se ha implantado la Política Nacional de Gestión
de Residuos Sólidos, reforzándose la normativa al
respecto con la promulgación en 1997 de la Ley
sobre Limitación del Impacto Negativo de los Residuos,
aplicable a la industria, la construcción y los residuos
urbanos, y en 2000 de la Ley sobre Limitación del Impacto
de Productos Químicos, Detergentes y Preparaciones, aplicable
a las sustancias tóxicas y peligrosas.
Los objetivos
de la nueva estrategia giran en torno a la mejora y la consolidación
de las medidas ya implantadas. Para ello se ha contado con el
apoyo financiero de la Unión Europea a través de
los fondos
PHARE y con el asesoramiento de expertos de la Administración
alemana, austríaca y francesa, que han colaborado con el
Ministerio
de Medio Ambiente y Agua en la redacción del Plan.
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Las claves fundamentales del proceso de cambio
Bulgaria posee una legislación en materia medioambiental
muy completa y novedosa. El eje principal lo configura
la Ley
de Protección Medioambiental (EPA), en vigor desde
el año pasado, que se ajusta perfectamente a las exigencias
de la Unión Europea para la adhesión.
La EPA regula la recopilación, el procesado y el análisis
de la información medioambiental. Todas las actividades
son llevadas a cabo por el Centro Nacional de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible (NCESD), dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua.
La Agencia Ejecutiva Medioambiental Búlgara es la referencia
de la Agencia
Europea de Medio Ambiente para el establecimiento de la red
europea de muestreo. En 1998 Bulgaria comenzó a participar
en el sistema europeo de recopilación de datos sobre calidad
del aire, EUROAIRNET, y en 1999 en el sistema de calidad de las
aguas, EUROWATERNET.
El
Ministerio de Medio Ambiente y Agua es también responsable de
facilitar los permisos y licencias necesarios para determinadas
actuaciones sobre el medio ambiente:
- Residuos:
se requieren permisos para los procesos de recogida, transporte,
almacenaje y eliminación, así como la construcción
de plantas de tratamiento y para la exportación y transporte
de materiales peligrosos.
- Agua:
para la implantación de actividades hidrogeológicas,
la imposición del canon de vertido y la utilización
del agua también son necesarias autorizaciones.
Por otro lado,
la extracción de materiales del lecho de los ríos,
la recolección, exportación e importación
de especies en peligro y todas aquellas actividades sujetas a
Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA) también están controladas
por la Administración.
Otras instituciones
implicadas en la recopilación de datos y en la gestión del medio
ambiente son:
La normativa
básica medioambiental la completaran la Ley
de Limpieza del Aire Atmosférico de 1996, la Ley
de Áreas Protegidas de 1998 y la Ley
de Recursos Minerales.
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