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>> Legislación estricta
Para trabajar en esta dirección, se creó la Comisión
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en 1990. Se trata de
un organismo interministerial que cuenta con delegaciones regionales
(COREMA) y pretende evitar las normas regionales contradictorias
y los choques entre administraciones a la hora de conceder los
permisos pertinentes para obras y proyectos de todo tipo.
Junto a esto,
se promulgó en 1994 la Ley
sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), que es el
fundamento de todas las normas posteriores sobre los problemas
ambientales y que trata de establecer una ordenación legislativa
clara.
El punto de
la LBGMA que más afecta a los inversores públicos
y privados es la obligatoriedad de presentar una Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA) realizada por una consultora, cuando
se pretende realizar una inversión que altere el medio.
Los puntos
que se deben recoger en la EIA son:
- riesgo
para la salud de la población;
- efectos
adversos significativos sobre la calidad de los recursos naturales
utilizados;
- planes
de reasentamiento de comunidades humanas establecidas en el
área afectada por las inversiones;
- alteración
significativa del paisaje y de los sitios pertenecientes al
patrimonio cultural; y
- proximidad
del proyecto a poblaciones humanas o áreas protegidas.
La demanda
generada por la exigencia de la EIA ha creado un mercado muy interesante
para las consultoras españolas, que pueden acceder a estos
contratos bien por sí mismas o en asociación con consultoras ya instaladas en el país.
La EIA ha
supuesto un cambio radical en la actividad empresarial del país:
ha hecho que se acerque mucho a prácticas similares a las
que se consolidaron durante la década de los 80 en la UE.
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La presencia española
La entrada
en Chile de grandes grupos españoles debido a la privatización
de sectores estratégicos, facilita la entrada en el mercado
medio ambiental a las pyme
españolas del sector.
Las posibilidades
de las firmas españolas son apreciadas por las chilenas
del sector. Procesán es una empresa que ha conseguido patentar
maquinaria para la eliminación de residuos. Su director
general, José Luis Izquierdo, señala que los españoles
juegan con ventaja por el solo hecho de ser europeos.
Otro ejemplo
a destacar dentro de la Asociación
Cluster de Industrias Medioambientales (ACLIMA), es la empresa
Azti y su filial latinoamericana, el Instituto de Calidad Alimentaria
(ICA), que están trabajando
en Chile desde 1997 en asesoría, capacitación y
transferencia tecnológica.
"No podemos
olvidar las ayudas estatales para el asesoramiento en producción
limpia y la financiación al 50% de planes de inversión
que afecten al medio ambiente", apuntó el responsable
de la filial, Iban Sagardia, en el transcurso del seminario sobre
el mercado ambiental en Chile, celebrado en la sede central del
ICEX en Madrid el pasado 7 de noviembre de 2001.
Además
de estas ayudas locales, el apoyo de la administración
comercial española es un factor a tener en cuenta en este
mercado. Las empresas que acudan a Chile podrán contar
con la ayuda del ICEX a través de distintos programas (Consulte
el portal del ICEX).
Chile es un
jaguar que está esperando a que las empresas españolas
le limpien la piel.
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