• Deben adaptarse al acervo comunitario las reglamentaciones sobre la protección de la calidad del aire, mejorando especialmente el sistema de vigilancia y control.
• Con respecto a los recursos hídricos, se necesita una ley que fije los criterios para el agua potable y el agua residual de acuerdo con los marcados por el Programa Acquis de adaptación comunitaria. También se hace indispensable ultimar la legislación específica sobre evaluación de impacto ambiental.
• Los instrumentos de aplicación del elenco normativo también necesitan ser reforzados.
• Por otro lado, a lo largo de 2001 se ha estado preparando un programa nacional que determinará la infraestructura legal, técnica y administrativa necesaria para facilitar el libre acceso a la información medioambiental, definiendo la estrategia para la adhesión de Turquía al Convenio de Aarhus y acelerando la integración de los datos medioambientales del país en la Agencia Europea de Medio Ambiente y en la Red de Información Europea, EIONET.

>> La apuesta energética para el futuro
Tanto el programa nacional para la adopción del Programa Acquis como el octavo Plan Quinquenal de Desarrollo (2001-2005), establecen el marco de acción en los próximos años en materia medioambiental.

La Estrategia Nacional y el Plan de Acción para el Medio Ambiente en Turquía impulsado conjuntamente por el Gobierno y el Banco Mundial, por su parte, constituirán la base para implementar en el país las actividades relativas a la Agenda 21.

Turquía es uno de los mercados energéticos que está experimentado un mayor crecimiento en el mundo, incrementándose en un 8% la demanda anual de energía frente al 1,8% de media en el resto de países.
La Corporación Turca de Transmisión y Generación de Electricidad (TEAS) junto con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales (MENR) esperan que las necesidades eléctricas del país requieran una inversión de entre 4 y 4,5 billones de dólares al año.

Actualmente hay numerosos proyectos en desarrollo a lo largo del país para mejorar la producción energética, muchos de los cuales cuentan con financiación del Fondo Monetario Internacional.

La política energética está basada principalmente en la diversificación. Así, entra a jugar un papel primordial el desarrollo de las fuentes de energía renovables, sobre todo la energía hidroeléctrica. Un claro ejemplo lo constituye el Proyecto del Sudeste de Anatolia (GAP), uno de los más ambiciosos llevados a cabo hasta ahora por el Gobierno. Se trata de un proyecto multisectorial de desarrollo regional que pretende facilitar el acceso al agua, la producción de energía hidroeléctrica, la mejora de la producción agrícola, la optimización en la gestión forestal y la aplicación de beneficios sociales con el mínimo coste ambiental en nueve provincias de la cuenca del Eúfrates-Tigris y Mesopotamia superior.
En cuanto al potencial eólico, geotérmico y solar, se calcula que también es muy elevado.

Las emisiones de SO_x y de CO₂ por el uso del carbón son bajas comparativamente con otros países, aunque existe una clara tendencia al alza en las emisiones per cápita.

En lo referente al uso de la energía nuclear, el Gobierno decidió abandonar el proyecto de construcción de la primera planta del país, debido a la fuerte oposición de los grupos ecologistas y antinucleares, así como de países vecinos como Grecia.