La inversión

	Una facturación anual de 38 millones de libras, en un sector con una tasa de crecimiento del 3% anual

 llevada a cabo en los últimos años en el Reino Unido ha supuesto un fuerte empuje para el desarrollo del tejido industrial en materia de medio ambiente y la mejora en las condiciones ambientales de la nación.

>> La estrategia para la calidad del aire
Desde la época del consumo masivo de carbón y de los episodios de contaminación de 1950, el Reino Unido ha progresado hasta conseguir en la actualidad una aceptable calidad del aire.

La Air Quality Strategy (AQS), o Estrategia para la Calidad del Aire para Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, fue puesta en marcha por el Departamento de Medio Ambiente Británico con la finalidad de satisfacer los objetivos del Acta Medioambiental de 1995 para una estrategia nacional contra la contaminación atmosférica.

La primera edición de la AQS fue publicada en marzo de 1997, previamente a la Cumbre de Kyoto

	Como resultado de dicha cumbre, el Gobierno británico se comprometió a una reducción del 12,5% en la emisión de los gases responsables del efecto invernadero, y se marcó a sí mismo de forma voluntaria el objetivo de reducir en un 20% las emisiones de CO2 para el período de 2008 a 2012.

 sobre el cambio climático celebrada a finales del mismo año.

En 1999 se publicó la Directiva Europea 1999/13/EC con el propósito de prevenir y reducir los efectos directos e indirectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles sobre el medio y la salud humana.

A fin de evaluar el grado con el que esta Directiva impondría límites más rigurosos en la emisión de gases respecto a los permitidos por la legislación existente en el Reino Unido, el Departamento de Medio Ambiente Británico encargó un informe donde se analizaba los beneficios

	Se calculó que los costes de implantación de la directiva estarían sobre los 30 millones de libras, aunque su aplicación reportaría unos beneficios de 14,9 millones de libras al Gobierno británico.

 que se obtendrían con la implantación de dicha Directiva.

La previsión en la reducción de emisiones fue establecida en un 21% por encima de las conseguidas con las normas existentes en el Reino Unido: la Integrated Polution Control y la Local Air Polution Control.

>> Energías renovables
La implantación de medidas para el control climático como el Protocolo de Kyoto o, en el ámbito local en el Reino Unido, el impuesto del cambio climático, han servido para fomentar el desarrollo de las energías renovables.

En un afán de incentivar la producción y consumo de energías renovables, el Gobierno británico ofrece medidas como el plan NFFO (Non Fossil Fuel Obligation), o la decisión de liberar este mercado del Climate Change Levy (impuesto para el cambio climático).

Siguiendo esta tónica, el pasado mes de octubre el primer ministro, Tony Blair, anuciaba la decisión del Gobierno de llevar a cabo un conjunto de inversiones destinadas a fomentar el desarrollo de las energías renovables.

A principios de febrero, el Departamento de Comercio e Industria adoptó un nuevo planteamiento mediante el cual los proveedores de energía eléctrica tendrán para 2010 la obligación de generar al menos un 10% de su producción de electricidad procedente de las denominadas energías limpias. Los gastos derivados de este proceso serán incluidos en la factura que el consumidor tendrá que pagar.

Con estas medidas, sectores como el de la bioenergía han experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

En la actualidad, uno de los sistemas de producción de energía con más perspectivas es la cogeneración

	Los estudios realizados por el Gobierno británico han mostrado que esta técnica es la manera más rentable de reducir las emisiones de CO2 y se ha escogido como el motor impulsor en la estrategia nacional de reducción de CO2.

, debido a su escasa contaminación y a la eficacia que presenta.

En el caso del sector hidroeléctrico, la madurez y saturación que presenta este mercado en el Reino Unido, ha llevado a las empresas británicas a buscar nuevos mercados

	Buenos ejemplos de ello son la consultora Ian Pope Associates, que en los últimos años se ha introducido en el mercado de Europa del Este, o las consultoras EPD, que está desarrollando proyectos hidroeléctricos en India, Albania y Kenia, y Gilbert Gilkes & Gordon Ltd. que ofrece soporte tecnológico a países como Guatemala y Tailandia.

 fuera de sus fronteras.

En el campo de la innovación, el Departamento de Comercio e Industria Británico y la Comisión para la Energía de Escocia están mostrando un gran interés por las perspectivas que ofrece la producción de energía proveniente del mar. Esta forma de energía será sin duda uno de los sectores con mayores perspectivas en el Reino Unido.

>> La gestión de los residuos
Los últimos datos disponibles indican que anualmente el Reino Unido genera 423 millones de toneladas de residuos. La gestión de este volumen de residuos supuso en 1997 al Gobierno británico un importe que representa la segunda partida presupuestaria más alta en los gastos generales para medio ambiente.

El principal obstáculo con que se encuentra el Gobierno británico para la gestión de estas instalaciones, es el complicado marco legal en que se encuadra. La normativa vigente hasta nuestros días ha sido la Licencia para el Manejo de Residuos de 1994, establecida bajo el Acta de Protección Ambiental de 1990. La actividad, no obstante, se encuentra regulada también por el Acta de Control y Prevención de la Contaminación que traspone la directiva comunitaria. Ese entramado legal ha generado conflictos competenciales entre la Agencia de Medio Ambiente y el Gobierno.

El Gobierno desea adecuar estas instalaciones a la normativa comunitaria incorporando su gestión al sistema de Control y Prevención de la Contaminación mientras que la Agencia de Medio Ambiente, por su parte, pretende que esta gestión sea llevada a cabo bajo la normativa ya existente.

Como solución intermedia, ambos organismos han llegado al acuerdo de excluir de la normativa actual a todos aquellos vertederos que se cierren antes de julio de 2001, y establecer un período para la adaptación o clausura de los vertederos existentes a la nueva normativa en un plazo, aún en discusión, entre 2005 y finales de 2006.

En la actualidad la gestión y manejo de este tipo de instalaciones en el ámbito comunitario viene regulado por la Directiva 1999/31/EC sobre vertederos. Esta directiva deberá ser traspuesta a la legislación británica para julio de 2001.